Derecho a la alimentación

Se conoció el mismo día que los del campo levantaban la media, pero como el conflicto parece estar lejos de solucionarse, es interesante leer esta resolución votada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el lockout de SRA, CONINAGRO, CARBAP Y FAA.

Visto:

La situación planteada en relación con las medidas tomadas por las organizaciones de productores rurales nucleadas en SRA, CONINAGRO, CARBAP Y FAA

Considerando:

Que a la fecha las medidas adoptadas han venido provocando desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país.

Que las medidas adoptadas por las entidades citadas constituyen un lock-out patronal que, más allá de matices razonables en relación con la diferente situación de partida existente entre grandes y pequeños productores, conllevan un altísimo nivel de confrontación social en la disputa por la apropiación de la riqueza en la Argentina.

Que a lo largo y ancho del país en los caminos se han registrado inauditas requisas o inspecciones en los camiones y otros medios de transporte por parte de los adherentes a la medida a fin de evitar el traslado de mercaderías, lo que ha ofrecido ejemplos de pérdida de millones de litros de leche y la puesta en crisis de la industria agrícola para el próximo semestre.

Que a la hora de dirimir sobre las retenciones, su aplicación como medida redistributiva del ingreso aparece como necesaria aunque insuficiente.

Que en este contexto, la aplicación de retenciones móviles atiende a reconocer el crecimiento de los precios internacionales de ciertos productos, que se combinan con la rebaja de otros coeficientes de retención.

Que es notorio que las decisiones que se aplican a la exportación de cereales forma parte de un esquema de mayor envergadura que se conjuga con otras variables que han permitido subsidios a los combustibles destinados a la producción, refinanciación de deudas por el Banco Nación, dólar con alto tipo de cambio, apertura de nuevos mercados, disminución del IVA en ciertos productos de la economía de la agro industria, etc.

Que, por lo tanto, se está engañando a sabiendas a la opinión pública –y ello con la complicidad manifiesta de muchos medios de comunicación cuyos intereses están ligados estrechamente al llamado "boom de la soja"- al plantear la cuestión como una indebida exacción o aplicación de medidas "confiscatorias" contra los productores rurales, cuando de lo que se trata es de una puja interna de los sectores dominantes por la rentabilidad futura –incluyendo no sólo a los grandes "dueños de la tierra" concentrados, sino también a las grandes multinacionales agroquímicas, exportadoras de grano, etcétera-, como ha sido demostrado por los estudios económicos más insospechables.

Que los reclamos de un sector que defiende sus márgenes de ganancias extraordinarias, por importante que sea su contribución a la economía (y muchos de los ya mencionados estudios prueban que no es tan importante como los interesados pretenden afirmarlo), no pueden ejercerse por sobre el interés general de la ciudadanía y de la Nación. En las circunstancias que hoy se hacen presentes, quienes hoy protestan parecen haber olvidado sus propias demandas de atenuación o represión expresadas cuando quienes toman medidas de acción sindical o de protesta social son los sectores de los trabajadores o que han sufrido procesos de empobrecimiento.

Que, lamentablemente, ciertos sectores que participaron o adhirieron a la medida de lock-out de la protesta han extendido sus reclamos a otro tipo de circunstancias de la vida democrática cuestionando al proceso del estado de derecho. Y en muchísimos casos lo han hecho con argumentos "clasistas" y aun "racistas" que en sí mismos merecen el más absoluto repudio por su carácter profundamente regresivo y reaccionario.

Que, sin perjuicio de lo expuesto, debe enfatizarse que las retenciones a las exportaciones deben ser complementadas por otras políticas de redistribución del ingreso mucho más profundizadas y consecuentes de las que se han aplicado hasta ahora, cuyo eje central sea el aumento de salarios por sobre el nivel de productividad y el costo de vida, además de atender a las situaciones diferenciales que existen dentro de la actividad agropecuaria tanto por las posibilidades económicas propias de los medianos y pequeños productores, cuanto por la relación que los sectores más concentrados de la actividad tienen con empresas monopólicas u oligopólicas nacionales y multinacionales.

Que es imperativo que las soluciones a las que se arriben reconozcan los intereses de la mayoría, el respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos del conjunto, entre los cuales se encuentra –ciertamente- el derecho a la alimentación.

Por todo lo expuesto
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DECLARA

1º. Que considera inadmisible que la adopción de medidas sectoriales de la actividad agropecuaria alcance a presionar sobre el derecho a la alimentación de millones de argentinos.

2º. Que es deber impostergable del Estado propender a la mejora progresiva de las condiciones de vida del pueblo argentino interviniendo en la actividad económica con herramientas tributarias o de otro orden que atiendan a una más justa distribución de las riquezas.

3º. Su enfático rechazo a cualquier expresión o pretensión sectorial que cuestione la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la justicia y la memoria.

4º. De forma.